En los últimos años, el caso de fraude cometido por la federación andaluza de la Unión General de Trabajadores (UGT-A) con las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para la formación de personas desempleadas ha sacudido el panorama político y social de la región.
Este escándalo, destapado en 2013 por investigaciones periodísticas y llevado a los tribunales, ha revelado un sistema de desvío de fondos públicos destinados a mejorar la empleabilidad de los parados, que terminó financiando gastos corrientes del sindicato. A continuación, se detalla el origen, desarrollo y consecuencias de este caso, que ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en Andalucía.
Origen del Escándalo: Las Primeras Revelaciones
El caso salió a la luz en julio de 2013, cuando el diario El Mundo publicó una serie de exclusivas que denunciaban irregularidades en la gestión de las subvenciones por parte de UGT-A. Estas ayudas, concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, estaban destinadas a financiar cursos de formación para desempleados y trabajadores. Sin embargo, las investigaciones periodísticas revelaron que una parte significativa de estos fondos se utilizó para fines distintos a los previstos, como financiar cenas con barra libre en la Feria de Abril, pagar publicidad de huelgas generales, costear maletines promocionales fabricados en Asia para congresos sindicales o incluso mantener una contabilidad paralela conocida como «el bote».
El mecanismo principal del fraude consistía en la generación de facturas falsas o infladas, elaboradas en connivencia con proveedores de confianza del sindicato. Estas facturas se presentaban a la Junta para justificar gastos que, en realidad, no se correspondían con los cursos de formación. Además, UGT-A utilizaba técnicas como el «rapel» (descuentos no declarados a la administración) y simulaba alquileres ficticios de aulas a través de empresas vinculadas, como Soralpe I Mas P Asociados, de la que el sindicato era socio único.
La Investigación Judicial y las Acusaciones
Las revelaciones periodísticas desencadenaron una investigación judicial liderada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. En 2014, la Operación Cirene, coordinada por la Unidad Central Operativa (UCO), resultó en la detención de 14 personas, incluido el extesorero de UGT-A, Federico Fresneda, acusado de diseñar el sistema de facturación fraudulenta. La Guardia Civil concluyó que el fraude era «sistemático» y que los cursos de formación fueron una de las principales vías de financiación irregular del sindicato.
Tras años de instrucción, en 2020 el juez abrió juicio oral contra 15 personas, incluidos cinco exdirigentes de UGT-A, como el exsecretario general Francisco Fernández Sevilla, y diez proveedores. La Fiscalía Anticorrupción acusó a los implicados de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad en documento mercantil, solicitando penas de hasta siete años de cárcel y multas de 50 millones de euros por persona. El monto total defraudado se cifró en 40,75 millones de euros, según el auto judicial.
El Juicio y la Sentencia
El juicio, iniciado en enero de 2024, culminó en noviembre de ese mismo año con una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a cinco exdirigentes de UGT-A a tres años de prisión y al pago de multas que suman 225 millones de euros. Entre los condenados se encuentra Francisco Fernández Sevilla, quien dimitió en 2013 tras las primeras revelaciones. La sentencia también declaró a UGT-A como responsable civil subsidiario, obligándola a indemnizar a la Junta con 40,6 millones de euros en caso de que los condenados no cubran la cantidad.
La Audiencia de Sevilla avaló las informaciones periodísticas que destaparon el caso, confirmando que UGT-A «institucionalizó el fraude» mediante un sistema de facturas falsas pactado con proveedores. Aunque los fondos no se destinaron a enriquecimiento personal, sino a financiar actividades del sindicato, los jueces determinaron que se desviaron de su propósito original: la formación de desempleados.
Reacciones y Consecuencias
El caso ha generado un intenso debate político y social. La actual dirección de UGT-A, liderada por Carmen Castilla, ha insistido en que el sindicato no ha sido condenado penalmente y que los responsables son los exdirigentes a título individual. Además, UGT-A ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, argumentando que ya ha alcanzado acuerdos administrativos con la Junta para devolver cantidades millonarias, lo que evitaría su quiebra. En 2022, el sindicato firmó un acuerdo para fraccionar el reintegro de unos 70 millones de euros, aunque este punto sigue en disputa judicial.
Por su parte, el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno (PP), ha defendido que los hechos ocurrieron bajo administraciones socialistas y que los controles actuales son más rigurosos. Sin embargo, ha descartado retirar las subvenciones a UGT-A, argumentando que la actual dirección no está implicada y que las ayudas están incluidas en los presupuestos aprobados incluso por partidos como Vox.
La Junta ha reclamado un total de 198 millones de euros por irregularidades en los cursos de formación, de los cuales unos 40 millones corresponden a UGT-A. Otros actores, como el exconsejero Ángel Ojeda, también enfrentan reclamaciones por desvíos similares, lo que evidencia la magnitud del descontrol en la gestión de estas subvenciones durante años.
Impacto y Reflexiones
El fraude de UGT-A no solo ha dañado la imagen del sindicato, sino que ha puesto en cuestión la gestión de los fondos públicos en Andalucía, especialmente en un contexto de alta tasa de desempleo. Las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, debían servir para mejorar la empleabilidad de miles de personas, pero el desvío de estos recursos privó a muchos parados de oportunidades formativas reales.
Este caso, junto al escándalo de los ERE, ha alimentado la percepción de corrupción sistémica en la región durante los gobiernos socialistas, aunque las investigaciones también han señalado la falta de controles efectivos por parte de la administración. La sentencia de la Audiencia de Sevilla representa un paso hacia la rendición de cuentas, pero el proceso judicial y las reclamaciones administrativas aún no han concluido, dejando abiertas heridas en la confianza pública.
En conclusión, el fraude de UGT-A es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la fiscalización en la gestión de los recursos públicos. Mientras el sindicato lucha por su supervivencia financiera y reputacional, la sociedad andaluza espera que casos como este sirvan para fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los fondos destinados a los más vulnerables cumplan su propósito.