En los últimos años, el caso de fraude cometido por la federación andaluza de la Unión General de Trabajadores (UGT-A) con las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para la formación de personas desempleadas ha sacudido el panorama político y social de la región.
Este escándalo, destapado en 2013 por investigaciones periodísticas y llevado a los tribunales, ha revelado un sistema de desvío de fondos públicos destinados a mejorar la empleabilidad de los parados, que terminó financiando gastos corrientes del sindicato. A continuación, se detalla el origen, desarrollo y consecuencias de este caso, que ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en Andalucía.